El juez admite la petición de Grimaldi y Arrecife para declarar insolvente a la empresa de Díaz Ferrán

Puede ser un nuevo fracaso empresarial del presidente de la patronal española, Gerardo Díaz Ferrán, al que cada día son más los empresarios que le piden que replantee su situación. Pueden ser de nuevo miles de dramas de personas que se quedan sin trabajo y que no entienden cómo la Administración no ha tomado antes cartas en el asunto. El último empresario en hacer pública la necesidad de que Díaz Ferrán se piense si no resultaría conveniente que mientras se solucionan los problemas de viabilidad de sus empresas ceda el puesto en la presidencia de la patronal ha sido el presidente de la confederación del metal, el prestigioso ex ministro de Industria, Pérez de Bricio. Dada su contrastada prudencia a lo largo del ejercicio de su actividad empresarial y su entrega al servicio de los intereses nacionales, no son pocos los que consideran que además de acudir en nombre propio y de CONFEMETAL a pedir a Díaz Ferrán que recapacite sobre su situación, lo ha hecho también en representación de alguno más de los grandes electores que prefieren actuar con la discreción y el seny que exige la situación.

La admisión a trámite por parte del juzgado número 12 de Madrid de la solicitud de la naviera Grimaldi y de la cadena de hoteles canarios Arrecife para que Marsans, la compañía de Gerardo Día Ferrán y su socio Gonzalo Pascual sea declarada en concurso de acreedores supone otro paso en el muy difícil camino de cara a la viabilidad de esta empresa turística y una nueva razón para que el presidente de los patronos de España deje de serlo.

El inicio de la huelga de hambre de Jon Castro, de 30 años, casado y con un hijo, para reclamar a la dirección de Marsans que de a conocer a los empleados y a la opinión pública la situación actual de la sociedad y el futuro que les espera, supone evidenciar hasta qué punto ha llegado la angustia de quienes trabajan en el grupo. Nos recuerda las también serias dificultades que han estado sufriendo en Francia parte de los empleados de France Telecom. Los suicidios de algunos de sus trabajadores obligaron al Ejecutivo y a las fuerzas parlamentarias a interesarse por la situación. Antes de que pueda darse una tragedia similar aquí, el Congreso de los Diputados haría bien en interesarse por esta situación. Seguro que hay comisiones con menos sentido s que la que pudiera ejercer esta para tratar de salvar lo que se pueda de Marsans y sobre todo de sus empleados.

Tiene razón la empresa cuando dice que el hecho de que el juez haya admitido la demanda a trámite no significa que la empresa haya entrado en suspensión de pagos. No. Una vez admitida la denuncia, Viajes Marsans cuenta con un primer plazo de cinco días para pronunciarse sobre ella y otro adicional para alegar lo que proceda.

Pero estas explicaciones no les sirven de mucho a los empleados de la entidad que recuerdan que en situaciones similares, con las otras sociedades del grupo que han entrado en quiebra, también se habló de la posibilidad de alcanzar un acuerdo in extremis que nunca llegó. Porque en este caso lo que llama la atención es que no se pueda hacer frente a pagos relativamente modestos dentro del nivel de facturación de Marsans. 75.000 euros en el caso de la naviera y de unos 300.000 euros en el caso de los hoteles Arrecife.

Pero uno comprende mejor las dificultades cuando conoce que a las demandas de Grimaldi y del grupo de hoteles contra las agencias Viajes Marsans, Crisol, Tiempo Libre y Ruraltours, podrían venir otras. Hay más acreedores como las de la empresa de ofimática Ricoh, de otros 300.000 euros. Cantidades menores son las planteadas por Florazar y Avis. Pero el touroperador Mapatours podría llegar a reclamar, también a Marsans y a otras de las agencias del grupo unos dos millones de euros. A los que se añaden los 500.000 de la cadena hotelera H10. La cosa parece complicada.